El Tribunal Constitucional frena de forma definitiva el aeropuerto de Bávaro

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana cerró el expediente jurídico del Aeropuerto Internacional de Bávaro con una sentencia de 325 páginas que rechaza los recursos del consorcio Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) y ratifica las decisiones previas de la Suprema Corte de Justicia. La resolución, identificada como TC/0496/25, deja sin efecto cualquier posibilidad de desarrollo del proyecto bajo las condiciones en que fue presentado.

El punto central del fallo es procedural: AIB sometió su solicitud de aprobación ante la Comisión Aeroportuaria, un organismo que carece de competencia legal para otorgar ese tipo de permisos. La jurisdicción corresponde al Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), según determinó el tribunal.

La sentencia también invalida el Decreto 270-20, que pretendía dar soporte al proyecto. De acuerdo con el fallo, ese decreto eludió los procesos de licitación competitiva exigidos por las leyes de alianzas público-privadas y de compras y contrataciones públicas.

AIB había alegado violaciones al debido proceso, falta de imparcialidad y ausencia de audiencia pública. El tribunal desestimó cada uno de esos argumentos. Sobre la audiencia pública, la resolución señala que el consorcio nunca la solicitó ni presentó objeciones oportunas durante el proceso. Las intervenciones de terceros en el caso, según el fallo, tampoco vulneraron derechos de la empresa.

Dos magistrados quedaron en minoría. Alba Luisa Beard Marcos y José Alejandro Vargas Guerrero emitieron votos disidentes en los que abogaban por una revisión constitucional del caso. La mayoría, sin embargo, consideró que las violaciones procedimentales eran suficientes para sostener el rechazo.

Para la zona de Bávaro y Verón, la decisión tiene implicaciones directas. El proyecto llevaba años en disputa y generaba expectativas de inversión, empleo y capacidad aeroportuaria adicional en un corredor turístico que ya opera con el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. La sentencia confirma que ningún aeropuerto de uso público puede aprobarse ni construirse fuera del marco legal y técnico establecido.

El fallo sienta un precedente sobre los requisitos que deben cumplir futuros proyectos de infraestructura en el país, en particular aquellos vinculados al sector turístico y aeroportuario.