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PUNTA CANA; En los últimos años, el espectro del acoso sexual en escuelas ha encendido alarmas en diversas regiones del país, incluidas las provincias de San Pedro de Macorís y La Altagracia. Cada testimonio desgarrador de un estudiante fractura la relación de confianza entre docente y alumno, y pone en tela de juicio los sistemas de vigilancia y control en nuestras instituciones educativas. Más allá del horror que provocan estos hechos, subyace la pregunta: ¿cómo llegamos al punto en que una figura que encarna el conocimiento y la guía moral se convierte en un agente de abuso?
Los maestros no son solo transmisores de saberes; son guardianes de los valores que complementan la educación familiar. Su rol no puede, bajo ninguna circunstancia, convertirse en una amenaza para la integridad de los alumnos. El deber de prevenir estas atrocidades recae en varios actores. Las autoridades educativas, de su lado, deben asumir con urgencia una postura activa, implementando mecanismos efectivos de supervisión y programas de formación ética para el personal docente. Pero también, los directivos de los centros educativos deben estar en alerta permanente para detectar a tiempo señales que indiquen que algo no anda bien en la relación profesor-estudiantes. Este es un momento decisivo para replantear las bases del sistema educativo.
Las escuelas no pueden ser espacios donde la vulnerabilidad de los estudiantes se transforme en un arma contra su bienestar. Transformar esta realidad exige medidas concretas y un cambio profundo en la cultura educativa. Debemos rescatar los valores de respeto, disciplina y responsabilidad en las aulas. Este sería un buen comienzo para erradicar prácticas degradantes y devolverle a las escuelas el prestigio que merece como cuna del aprendizaje y la dignidad humana. En juego está no solo la reputación del sistema educativo nacional, sino el futuro de las futuras generaciones.