Más de 300 propietarios en Cana Bay denuncian restricciones a sus derechos

Más de 300 propietarios de terrenos y viviendas en Cana Bay Resort, Punta Cana, afirman que la administración del complejo les impide el acceso legal a sus propiedades y los presiona para firmar un documento que, según ellos, contradice las condiciones originales de compra. El conflicto, que ya escaló a los tribunales, plantea una pregunta incómoda para la zona: ¿qué pasa cuando un fallo judicial a favor de un propietario no se cumple?

El punto de fricción es lo que los afectados llaman un "Reglamento de Protección". De acuerdo con el grupo de propietarios, la administración exige la firma de ese documento como condición para mantener el acceso normal a los lotes. Quienes se niegan, sostienen, enfrentan medidas restrictivas que van desde limitaciones de ingreso hasta otras formas de presión. Los propietarios describen estas acciones como una violación de la seguridad jurídica que, en su momento, los llevó a invertir en el proyecto.

Hubo una respuesta judicial concreta. La Segunda Cámara del Tribunal de Tierras de La Altagracia falló a favor de un propietario que impugnó las restricciones y ordenó a la administración eliminar las trabas de acceso. El tribunal impuso además astreintes —multas diarias por incumplimiento— como mecanismo de presión para garantizar la ejecución de la sentencia. Pero los propietarios afectados sostienen que las prácticas restrictivas continuaron incluso después del fallo, lo que abre un interrogante sobre la capacidad real de hacer cumplir las decisiones judiciales en la región.

Para quien vive o invierte en Punta Cana, esto no es un problema aislado. La zona depende de la confianza del comprador extranjero tanto como de la infraestructura hotelera. Si un desarrollo inmobiliario puede restringir el acceso de sus propios propietarios sin consecuencias efectivas, el mensaje que se envía al mercado es directo: el título de propiedad no garantiza el uso pleno del bien. Eso encarece el riesgo percibido y, con el tiempo, puede traducirse en menor demanda, precios estancados y menos empleo ligado a la construcción y los servicios inmobiliarios.

El grupo también señaló la participación del presidente Luis Abinader en un acto de promoción del proyecto Cana Bay en 2023. Para los propietarios, esa presencia oficial pudo haber generado en potenciales compradores la impresión de un respaldo gubernamental que no contemplaba la existencia de conflictos legales internos.

Los afectados piden ahora que las autoridades dominicanas intervengan: que se ejecuten los fallos judiciales pendientes, que se investigue la actuación de la administración del complejo y que se salvaguarden los derechos de propiedad. "Sin seguridad jurídica no hay confianza", resumió uno de los propietarios.

La frase condensa el riesgo concreto para Bávaro y Verón. La inversión inmobiliaria en la zona no se sostiene solo con playas y aeropuertos. Necesita un marco donde un tribunal pueda ordenar algo y ese algo se cumpla. Cuando eso falla, el costo no lo paga solo el propietario afectado: lo paga el mercado entero.