Vecinos de Coral Village II exigen intervención por incidentes vinculados a salud mental
Residentes del complejo Coral Village II, ubicado en la zona de El Cortecito, Punta Cana, solicitaron la intervención de instituciones de salud mental y seguridad pública tras una serie de incidentes violentos y disruptivos atribuidos a una mujer identificada como Juanita Mendoza, de nacionalidad mexicano-estadounidense y presuntamente diagnosticada con esquizofrenia.
Editorial julio 8, 2025
Residentes del complejo Coral Village II, ubicado en la zona de El Cortecito, Punta Cana, solicitaron la intervención de instituciones de salud mental y seguridad pública tras una serie de incidentes violentos y disruptivos atribuidos a una mujer identificada como Juanita Mendoza, de nacionalidad mexicano-estadounidense y presuntamente diagnosticada con esquizofrenia.
Según los vecinos, Mendoza ha protagonizado agresiones físicas contra residentes y turistas, así como enfrentamientos con agentes de la Policía Turística (Politur) y de la Dirección General de Migración. Los testimonios describen gritos nocturnos frecuentes, episodios de desnudez pública y actos de autolesión que, aseguran, han generado un clima de temor dentro del residencial.
Uno de los casos más graves reportados por la comunidad involucra a la madre de Mendoza, una ciudadana estadounidense de 70 años que, de acuerdo con los residentes, fue agredida físicamente por su hija y se vio obligada a abandonar el país. Este dato proviene exclusivamente de los testimonios vecinales y no ha sido confirmado por fuentes oficiales.
Los residentes afirman haber presentado denuncias ante Politur, la Procuraduría General de la República y la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, señalan que tras cada detención breve, la mujer es liberada y los episodios se repiten. La propiedad del apartamento por parte de Mendoza complica, según los vecinos, cualquier acción legal o psiquiátrica de carácter permanente.
La comunidad de Coral Village II pide que las autoridades dominicanas canalicen el caso a través de servicios especializados de salud mental. Los residentes insisten en que su solicitud no responde a motivaciones discriminatorias, sino a la preocupación por la seguridad colectiva y por el bienestar de una persona en situación de crisis psiquiátrica.
Hasta el momento de esta publicación, no se ha obtenido respuesta oficial de Politur, la Procuraduría ni de la administración del complejo residencial sobre las medidas adoptadas o previstas.