México reclasifica el sargazo como recurso pesquero regulado
El gobierno de México dejó de tratar el sargazo como un desecho. Un nuevo marco legal, aprobado recientemente, lo reclasifica como recurso pesquero regulado con potencial de desarrollo comercial, según el estudio de las investigadoras Marcia Leticia Durand Smith y Gabriela de la Mora, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Editorial septiembre 9, 2025
El gobierno de México dejó de tratar el sargazo como un desecho. Un nuevo marco legal, aprobado recientemente, lo reclasifica como recurso pesquero regulado con potencial de desarrollo comercial, según el estudio de las investigadoras Marcia Leticia Durand Smith y Gabriela de la Mora, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El cambio tiene consecuencias prácticas. La vida marina que viaja adherida a las mantas de sargazo queda protegida bajo la nueva categoría. Las empresas pueden procesar el alga para obtener fertilizantes, combustibles verdes y otros materiales de bajo impacto ambiental. La normativa también fomenta la creación de empleos ligados a esas cadenas productivas.
Destinos como Cancún y Tulum ya trabajan en iniciativas de recolección y reaprovechamiento, de acuerdo con el análisis de las académicas.
Para Punta Cana, la referencia mexicana plantea una pregunta concreta: ¿existe margen regulatorio en República Dominicana para replicar un esquema similar? El país enfrenta llegadas estacionales de sargazo que afectan playas de la zona este, y hasta ahora la respuesta se ha concentrado en la recolección mecánica y la disposición del material. Un marco que permita transformar el alga en insumo productivo abriría una vía distinta, aunque no hay anuncios oficiales del Ministerio de Medio Ambiente ni del Ministerio de Turismo en esa dirección.
El modelo mexicano no resuelve por sí solo el problema operativo de las playas —la recolección sigue siendo necesaria—, pero cambia el estatus jurídico del material y habilita inversión privada en su procesamiento. La experiencia de la UNAM sugiere que el primer paso es legislativo: definir qué es el sargazo ante la ley determina quién puede actuar sobre él y bajo qué condiciones.